ESPAÑA: TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA (1975-2011)
Este tema es fundamental para entender
nuestro presente y nuestro pasado más inmediato. El sistema democrático,
interrumpido a la fuerza tras el final de la Guerra Civil por una dictadura de
casi cuarenta años, retorna a nuestro país, y es el que ordena nuestra vida
política actual.
El rey, impuesto por el dictador, actúo
como motor del cambio político y optó por la vía reformista. Adolfo Suárez
impulsará, desde la presidencia del gobierno, una profunda reforma política: la
legalización de los partidos políticos y de los sindicatos, los decretos de
amnistía, la supresión de los tribunales especiales y el reconocimiento de
hecho de las instituciones propias del País Vasco y de Cataluña fueron hitos
que jalonaron los primeros años de la transición y que condujeron a la
Constitución de 1978.
Tras la redacción de la Constitución de 1978 España abandona
el franquismo y empieza a funcionar con un sistema democrático que llevará al
poder sucesivamente a tres partidos: la Unión de Centro Democrático (UCD), el Partido
Socialista Español (PSOE) y el Partido Popular (PP), entre 1979 y 2004 y
nuevamente al PSOE entre 2004 y 2011. Desde las elecciones de 2011, gobiernan
los conservadores del PP.
I.
LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA DE
1975 A 1978.
1.
Los primeros pasos: de Arias Navarro a Adolfo Suárez.
Después de la muerte de Franco, se planteaban en España tres
posibles alternativas políticas a seguir:
- El continuismo del sistema político franquista, postura defendida por los franquistas puros o inmovilistas, el llamado "búnker".
- La ruptura democrática, es decir, la formación de un gobierno provisional que pondría fin a las instituciones franquistas y convocaría elecciones a unas Cortes constituyentes. Era la postura defendida por los grupos políticos que se habían opuesto al franquismo.
- La reforma del sistema político a partir de las instituciones y de las leyes franquistas hasta alcanzar una democracia plena.
En la vía a seguir, la posición de partida del rey Juan
Carlos I era fundamental. El monarca optó por la vía reformista y será el
motor del cambio político. Juan Carlos I era rey a partir de las leyes
franquistas, pero su deseo era reinar para todos los españoles. ¿Cómo
instaurar la democracia? Desde la propia legalidad franquista el régimen
autoritario será desmantelado a través de un proceso de reforma política
capitaneado por el presidente del gobierno Adolfo Suárez.
1.1. El gobierno de Arias Navarro. La oposición política (diciembre 1975-julio 1976).
A la muerte de Franco, el rey mantuvo al frente del gobierno a Arias Navarro, un convencido franquista al que no se le podía pedir, como se vio desde muy pronto, que liderara la transición hacia un sistema político democrático. No obstante, Arias Navarro incorporó a su gobierno políticos de corte aperturista (Manuel Fraga, José Mª de Areilza y Antonio Garrigues) e inició algunos cambios: concedió un indulto, permitió la actuación, de hecho, de los partidos políticos, pero no habló de elecciones más o menos constituyentes a corto plazo.
Conforme avanzaban los días, se veía que de este gobierno era imposible sacar algo. Mientras, en el primer trimestre de 1976 se producen cerca de 18.000 huelgas (seis veces más que en todo el año anterior). En la oleada de huelgas la más grave fue la huelga general en Vitoria (3 de marzo de 1976: donde mueren cuatro trabajadores y hubo más de cien heridos). Los sucesos de Vitoria posibilitaron, a su vez, la unidad de la oposición (la Junta Democrática, dirigida por el PCE y la Plataforma de Convergencia, liderada por el PSOE) constituyéndose Coordinación Democrática, conocida también como Platajunta. Algunos de sus dirigentes fueron detenidos por el gobierno. En estas condiciones era imposible establecer un clima de diálogo entre gobierno y oposición. A todo esto, y paralelamente, tenían lugar grandes manifestaciones proamnistía y movilizaciones en Cataluña y País Vasco a favor de la autonomía. También, tras una breve tregua, ETA reanudó su actividad terrorista.
En definitiva, este gobierno estaba desbordado. Arias Navarro era un hombre políticamente agotado, sin ideas. El rey Juan Carlos I comprendió que Arias Navarro era un obstáculo para la democratización de España y que su relevo era necesario: el 1 de julio, en efecto, Arias presentaba la dimisión. Dos días después el monarca sorprendía a propios y extraños con un nombramiento inesperado para la presidencia del gobierno: Adolfo Suárez.
1.2. El Gobierno de Adolfo Suárez. La Ley para la Reforma Política (julio 1976-junio 1977).
El nombramiento de Adolfo Suárez causó una gran decepción entre la oposición y entre los sectores reformistas del franquismo. Sus antecedentes así parecían demostrarlo: había sido ministro del Movimiento en el gobierno de Arias y había ocupado numerosos cargos en el régimen de Franco. En su elección fue clave la actuación del presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, que vio en Suárez al político que el rey necesitaba poner al frente del gobierno para impulsar la reforma hacia el sistema democrático. Y la designación, en efecto, fue un acierto. Suárez comprendió que la inmensa mayoría de la sociedad española deseaba un cambio pausado hacia la democracia, sin riesgos ni incertidumbres.
Suárez y su gobierno, en efecto, demostraron inmediatamente su voluntad hacia la consecución de la democracia. En julio (1976) se legalizaban los derechos de reunión, manifestación y asociación. Se aprobó una amnistía que posibilitó la excarcelación de numerosos presos del franquismo; se iniciaron contactos con las centrales sindicales y hubo reuniones, en secreto, con los socialistas (Felipe González, líder del PSOE) y comunistas (Santiago Carrillo, líder del PCE).
Conforme avanzaban los días, en vez de tener problemas con la oposición democrática, para el gobierno los obstáculos a la reforma le surgían del propio Ejército y de los sectores inmovilistas. En septiembre, era cesado el vicepresidente del gobierno para Asuntos de la Defensa, teniente general Fernando de Santiago, al oponerse a la reforma sindical y a la legalización de las centrales sindicales. Para sustituirle, Suárez nombró entonces al teniente general Gutiérrez Mellado, que será otro de los puntales del proceso de reforma, en este caso, para la reforma militar.
El gobierno de Suárez seguía en su empeño de acabar con el franquismo desde el franquismo. La tarea no era tan fácil y hubo momentos en que el objetivo de instaurar la democracia podía verse frenado. Veremos a continuación los pasos más importantes hasta la celebración de las elecciones generales el 15 de junio de 1977:
1.1. El gobierno de Arias Navarro. La oposición política (diciembre 1975-julio 1976).
A la muerte de Franco, el rey mantuvo al frente del gobierno a Arias Navarro, un convencido franquista al que no se le podía pedir, como se vio desde muy pronto, que liderara la transición hacia un sistema político democrático. No obstante, Arias Navarro incorporó a su gobierno políticos de corte aperturista (Manuel Fraga, José Mª de Areilza y Antonio Garrigues) e inició algunos cambios: concedió un indulto, permitió la actuación, de hecho, de los partidos políticos, pero no habló de elecciones más o menos constituyentes a corto plazo.
Conforme avanzaban los días, se veía que de este gobierno era imposible sacar algo. Mientras, en el primer trimestre de 1976 se producen cerca de 18.000 huelgas (seis veces más que en todo el año anterior). En la oleada de huelgas la más grave fue la huelga general en Vitoria (3 de marzo de 1976: donde mueren cuatro trabajadores y hubo más de cien heridos). Los sucesos de Vitoria posibilitaron, a su vez, la unidad de la oposición (la Junta Democrática, dirigida por el PCE y la Plataforma de Convergencia, liderada por el PSOE) constituyéndose Coordinación Democrática, conocida también como Platajunta. Algunos de sus dirigentes fueron detenidos por el gobierno. En estas condiciones era imposible establecer un clima de diálogo entre gobierno y oposición. A todo esto, y paralelamente, tenían lugar grandes manifestaciones proamnistía y movilizaciones en Cataluña y País Vasco a favor de la autonomía. También, tras una breve tregua, ETA reanudó su actividad terrorista.
En definitiva, este gobierno estaba desbordado. Arias Navarro era un hombre políticamente agotado, sin ideas. El rey Juan Carlos I comprendió que Arias Navarro era un obstáculo para la democratización de España y que su relevo era necesario: el 1 de julio, en efecto, Arias presentaba la dimisión. Dos días después el monarca sorprendía a propios y extraños con un nombramiento inesperado para la presidencia del gobierno: Adolfo Suárez.
1.2. El Gobierno de Adolfo Suárez. La Ley para la Reforma Política (julio 1976-junio 1977).
El nombramiento de Adolfo Suárez causó una gran decepción entre la oposición y entre los sectores reformistas del franquismo. Sus antecedentes así parecían demostrarlo: había sido ministro del Movimiento en el gobierno de Arias y había ocupado numerosos cargos en el régimen de Franco. En su elección fue clave la actuación del presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, que vio en Suárez al político que el rey necesitaba poner al frente del gobierno para impulsar la reforma hacia el sistema democrático. Y la designación, en efecto, fue un acierto. Suárez comprendió que la inmensa mayoría de la sociedad española deseaba un cambio pausado hacia la democracia, sin riesgos ni incertidumbres.
Suárez y su gobierno, en efecto, demostraron inmediatamente su voluntad hacia la consecución de la democracia. En julio (1976) se legalizaban los derechos de reunión, manifestación y asociación. Se aprobó una amnistía que posibilitó la excarcelación de numerosos presos del franquismo; se iniciaron contactos con las centrales sindicales y hubo reuniones, en secreto, con los socialistas (Felipe González, líder del PSOE) y comunistas (Santiago Carrillo, líder del PCE).
Conforme avanzaban los días, en vez de tener problemas con la oposición democrática, para el gobierno los obstáculos a la reforma le surgían del propio Ejército y de los sectores inmovilistas. En septiembre, era cesado el vicepresidente del gobierno para Asuntos de la Defensa, teniente general Fernando de Santiago, al oponerse a la reforma sindical y a la legalización de las centrales sindicales. Para sustituirle, Suárez nombró entonces al teniente general Gutiérrez Mellado, que será otro de los puntales del proceso de reforma, en este caso, para la reforma militar.
El gobierno de Suárez seguía en su empeño de acabar con el franquismo desde el franquismo. La tarea no era tan fácil y hubo momentos en que el objetivo de instaurar la democracia podía verse frenado. Veremos a continuación los pasos más importantes hasta la celebración de las elecciones generales el 15 de junio de 1977:
a)
La Ley de Reforma Política (15 de diciembre de 1976) y las dificultades.
Esta
ley fue la pieza esencial para el logro de la reforma. En esencia, la ley
acababa con
el franquismo a partir de su propia legalidad y establecía un sistema bicameral
(un Congreso y un Senado) elegido por sufragio universal. Suárez la llevó a las
Cortes en octubre (1976). El gobierno y Torcuato Fernández Miranda, como
presidente de las Cortes, hicieron denodados esfuerzos para asegurarse una
votación favorable. En noviembre era aprobada por 425 votos a favor, 59
en contra y 13 abstenciones. Sometida a referéndum, el 15 de diciembre,
votó el 77,4% del censo, los votos afirmativos fueron el 94.4% y los negativos
el 2,6%. El 4 de enero de 1977 la ley de Reforma Política entraba en
vigor y, en consecuencia, el gobierno estaba obligado a convocar elecciones
para elegir dos cámaras (un Congreso y un Senado).
La vía hacia la democracia estaba asegurada. Pero no todo
iba por un camino de rosas. En el País Vasco se vivía bajo una fuerte
tensión por la lucha por la amnistía de los presos vascos, los enfrentamientos
entre policías y manifestantes y por las acciones terroristas de ETA. En Cataluña
no se vivía bajo esa violencia, pero el sentimiento nacionalista
estaba muy presente.
La fragilidad del proceso seguía presente con los secuestros
protagonizados por el GRAPO en diciembre de 1976 y enero del siguiente;
también, el 24 de enero (1977) pistoleros de ultraderecha asesinaban a cinco
abogados laboralistas del PCE en su despacho de la calle Atocha de Madrid.
b) La legalización de los partidos políticos (febrero de
1977) y la convocatoria de elecciones a Cortes.
Tras la aprobación de la Ley de Reforma Política, las
iniciativas de la oposición dejaron de manifestarse a través de Coordinación
Democrática para recaer en cada uno de los partidos. Legalizados
casi todos en febrero de 1977, en esta nueva dinámica, la legalización
del PCE era necesaria. Si se quería convocar elecciones verdaderamente
democráticas era imprescindible que el PCE pudiera presentarse.
Su legalización tropezaba con resistencias en el seno de las
fuerzas armadas y dentro del propio gobierno. Suárez solucionó la crisis
legalizando por decreto-ley al PCE el 9 de abril, sábado
de gloria. La decisión molestó a los militares; los dirigentes del PCE, y sobre
todo Santiago Carrillo, se manifestaron con moderación aceptando la
monarquía como forma de Estado y la bandera nacional: roja, amarilla y roja.
Estaba claro que el camino hacia la democracia era irreversible.
Aprobadas las normas electorales, las elecciones se harían
por sufragio universal directo para elegir dos cámaras: el Congreso de los
Diputados y el Senado. Convocadas el 15 de abril, las elecciones se celebraron
dos meses después, el 15 de junio. La actividad política en estos meses de
abril a junio fue intensa. También, poco antes de las elecciones, don Juan de
Borbón, padre del monarca, cedía oficialmente sus derechos al trono español a
su hijo, cerrándose así otro motivo más de incertidumbre.
2.
Elecciones de 15 de junio de 1977 y consenso constituyente.
2.1. Partidos políticos y resultados electorales.
Adolfo Suárez acudió a las elecciones al frente de Unión
de Centro Democrático (UCD), una coalición de partidos de ideología
democristiana, socialdemócrata y liberal. A su derecha quedaba Alianza
Popular (AP), encabezada por Manuel Fraga Iribarne, donde se agruparon
diversos sectores, personalidades y ex ministros de Franco.
A la izquierda figuraba el PSOE, bajo su líder Felipe
González, el Partido Socialista Popular (PSP), dirigido por Enrique Tierno
Galván, partido que terminó integrándose en el PSOE y el PCE de Santiago
Carrillo. A la izquierda del PCE, como a la derecha de AP, figuraban otras
agrupaciones políticas con muy pocas posibilidades electorales: entre ellas
cabe citar a Fuerza Nueva, en la ultraderecha, y el Partido Comunista de España
Marxista- Leninista, en la extrema izquierda. Por último, en Cataluña y el País
Vasco resurgieron las organizaciones nacionalistas, como el Pacte Democràtic
per Catalunya (PDC) y el Partido Nacionalista Vasco.
En fin, en un clima de libertad, en el que todos los
partidos políticos pudieron defender su programa, el resultado de las elecciones-la
victoria de Adolfo Suárez y UCD-venía a demostrar que los españoles estaban a
favor de la moderación, del centro político, de poner fin al franquismo de
forma gradual.
Votó el 78,7% del electorado. UCD consiguió el 34,6% y 165
escaños; le seguía el PSOE con el 29,3% y 118 escaños; el PCE, el 9,4% y 20
escaños y AP con el 8,3% y 16 escaños. En cuanto al nacionalismo obtuvo una
buena representación en Cataluña y en el País Vasco.
2.2. El proceso constituyente y el consenso. Los Pactos de
la Moncloa, el terrorismo y la cuestión nacionalista.
Abiertas las Cortes, Suárez, aunque su partido no obtuvo la
mayoría absoluta en el Congreso, recibió el apoyo necesario para mantenerse
como presidente del gobierno. La etapa que se abrió estuvo dominada por una política
de consenso, es decir, de acuerdos entre las fuerzas políticas para aprobar
las reformas necesarias para edificar el sistema democrático.
Si
en lo político el objetivo fundamental era la redacción de la Constitución,
en lo económico el fin primordial era combatir la grave crisis económica.
Desde hacía varios años los sucesivos gobiernos habían aparcado la toma de
decisiones en este sentido y ahora la situación era insostenible: una inflación
situada en el 24,7% en 1977, aumento del paro, déficit exterior galopante… El
gobierno de Suárez propuso un pacto a todas las fuerzas políticas y sindicales
para combatir la crisis, basado en la contención de los salarios, la
devaluación de la peseta, una política monetaria restrictiva para reducir la
masa monetaria en circulación, proceder a una reforma fiscal... Estos acuerdos,
conocidos como los Pactos de la Moncloa, fueron aprobados por
todas las formaciones el día 27 de octubre de 1977. Como se comprueba,
el consenso fue la tónica dominante, todas las formaciones se
comprometieron a luchar contra la crisis, incluyendo a la patronal y a los
sindicatos. Este apoyo al gobierno fue imprescindible para poder avanzar en el
camino hacia la democracia. Esta política de consenso culminaría en la
elaboración de la Constitución.
Mientras tanto, el país era sacudido por el terrorismo,
con durísimos ataques por organizaciones extremistas de derecha y de izquierda.
A pesar de la amnistía (Ley de 15 de octubre de 1977), que daba libertad
a los presos de ETA ésta continua atentando. Sus objetivos eran los
militares a los que se les quería provocar para que bloquearan el proceso hacia
la democracia: en 1978 ETA mató a 65 personas y, entre 1975 y 1980, a 236.
Otro tema de fuerte actualidad era la cuestión
nacionalista. Ello se resolvió restableciendo de forma provisional la
Generalitat de Cataluña. En junio de 1977 se entrevistaba Tarradellas,
presidente de la Generalitat en el exilio, con el rey y con el presidente del
gobierno. Fruto de estas entrevistas, el 29 de septiembre se restablecía la
Generalitat y el 23 de octubre Tarradellas se presentaba en Barcelona donde era
recibido en un clima de entusiasmo. También se puso en marcha un gobierno
preautonómico en el País Vasco. A lo largo de 1978 se extendió a todo el
territorio español el régimen preautonómico (Galicia, Asturias, Castilla-León,
Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía…). Por
tanto, el gobierno impulsó la generalización de las autonomías antes de que la
Constitución estableciera la estructura territorial de España.
II. LA CONSTITUCIÓN DE 1978: PRINCIPIOS, INSTITUCIONES Y
AUTONOMÍAS.
1.
La Constitución de 1978.
El encargo de elaborar la Constitución recayó en la Comisión
de Asuntos Constitucionales del Congreso, integrada por 36 diputados de los
diferentes partidos, que, a su vez, designó a un grupo de siete miembros para
la redacción del texto constitucional: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y
Rodríguez de Miñón (de UCD), Jordi Solé Tura
(del PCE), Gregorio Peces Barba (del PSOE), Fraga Iribarne (de
AP), Miguel Roca (de CiU).
En su redacción hubo momentos donde las diferencias
ideológicas eran evidentes, pero prevaleció el espíritu de consenso, elaborar
una Constitución que no fuera la imposición de una sola ideología sino la
síntesis de posiciones ideológicas divergentes.
Tras ser largamente debatida en las Cortes, ambas cámaras,
el Congreso y el Senado, en sesión conjunta, el 31 de octubre de 1978,
aprobaron el texto constitucional. A continuación fue aprobada en referéndum
por el pueblo español el 6 de diciembre: votó un 67% del censo; los
votos afirmativos representaron el 88%, y los negativos el 8% (pero en el País
Vasco, la abstención del PNV contribuyó a que votara el 53% del electorado
vasco). La Constitución fue sancionada por el rey y entró en vigor el día 29
de diciembre.
a)
Valores y principios.
La Constitución de 1978 (con 169 artículos) recoge en su Título
Preliminar un conjunto de principios y valores que vienen a definir a
España como un “Estado social y democrático de derecho”,
en consecuencia, se fija el sometimiento de todos los poderes del Estado a la
legalidad, a lo que marque la Ley, el Derecho. Establece que la “soberanía
nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado”; indica que la forma política del Estado español “es la monarquía
parlamentaria”; por último, hace saber que el Estado se fundamenta en la “indisoluble
unidad de la nación española” pero reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de “nacionalidades” y regiones.
La Constitución de 1978 reconoce y garantiza todas las
libertades democráticas; ha abolido la pena muerte y fija la mayoría de edad en
los 18 años; no reconoce religión estatal, es aconfesional, pero declara que el
Estado ha de tener en cuenta las “creencias religiosas de la sociedad española
y el significado de la Iglesia católica en España”. Garantiza la libertad de
enseñanza, la libertad de empresa, la economía de mercado y, entre otros, los
derechos a la vida, a la huelga y a la educación.
b)
Las instituciones y la configuración del Estado de las autonomías.
El rey desempeña la Jefatura del Estado y el mando
supremo de las Fuerzas Armadas, su cargo es vitalicio y la corona hereditaria.
Ejerce la representación simbólica y protocolaria del Estado, sanciona las
leyes aprobadas por las Cortes y tiene un poder moderador del sistema político.
La Constitución reconoce la separación e independencia de
los tres poderes. El poder legislativo reside en las Cortes Generales,
que están formadas por dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el
Senado, elegidas por sufragio universal directo. El poder ejecutivo es
responsabilidad del gobierno, que se compone del presidente, los vicepresidentes
y los ministros. El presidente del gobierno es elegido por el Congreso de los
Diputados a propuesta del rey. Por otro lado, la acción del gobierno está
sometida al control de las Cortes. El poder judicial, por su parte,
corresponde a jueces y magistrados, sometidos al Tribunal Supremo y al Tribunal
Constitucional. Éste se ocupa de controlar la constitucionalidad de las
leyes, y también resuelve los posibles conflictos entre las normas aprobadas
por los parlamentos de las Comunidades autónomas y las normativas del Estado.
En cuanto a la organización territorial del Estado
español, la Constitución ha querido dar respuesta, a través de las autonomías,
a la reivindicación histórica que el nacionalismo vasco y catalán ha venido
demandando desde finales del siglo XIX. La Constitución declara, en efecto, que
España está integrada por diversas “nacionalidades” (se sobreentendió que eran
el País Vasco, Cataluña y Galicia) y regiones que acceden a su autogobierno,
asumen determinadas funciones y competencias, las cuales aparecen descritas en
sus respectivos Estatutos de autonomía, que tienen que ser aprobados por
las Cortes. Cumplido el proceso de organización territorial, España cuenta con
17 Comunidades y dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla).
III.
LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS DE
1979 A 1982.
1.
Gobiernos de la UCD (1979-1982).
1.1. El gobierno de Adolfo Suárez (1979-1981).
Una vez aprobada la Constitución, se convocaron nuevas elecciones
para el 1 de marzo de 1979. La UCD, con 168 escaños, volvió a
ganar y Adolfo Suárez siguió al frente del gobierno; el PSOE quedó en
segundo lugar; el PCE se convirtió en la tercera fuerza política. La derecha
representada por Coalición Democrática, resultado de la coalición de AP con
diversos grupos, bajó en votos, en cambio, los partidos
nacionalistas/regionalistas ampliaron su representación. En abril, se
celebraron las primeras elecciones municipales democráticas, y aunque la
UCD obtuvo más votos y concejales, la izquierda consiguió hacerse con la
mayoría de las grandes ciudades gracias al pacto del PSOE y PCE.
Las Cortes aprobaron los Estatutos de autonomía del País
Vasco y Cataluña (1979). Ahora bien, el consenso de la etapa anterior se rompió
y el PSOE con otros partidos acentuaron sus críticas al gobierno.
El proceso autonómico preocupaba al gobierno y quiso
“racionalizarlo”, a lo que se opuso Andalucía, que, con el apoyo del PSOE,
defendía una autonomía similar a la del País Vasco o a la de Cataluña.
En marzo de 1980 se celebraron elecciones autonómicas en el
País Vasco y en Cataluña, que dieron el triunfo a los nacionalistas en los dos
casos: Convergencia i Unió (CiU), con Jordi Pujol a la cabeza en
Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el País Vasco,
mientras la UCD recibía un fuerte varapalo al perder la mitad de los votos
conseguidos en 1979.
Sin embargo, los problemas principales de Suárez no
venían de la oposición o de los fracasos electorales, venían del interior de
su propio partido. La UCD era una coalición no suficientemente
cohesionada donde cada líder de un sector intentaba hacer valer sus
ideas, por tanto, los principales “barones” obstaculizaban continuamente
la labor del presidente que veía como sus apoyos se reducían en el interior de
la UCD.
El PSOE, mientras tanto, ganaba en aceptación. Decidió
practicar una política firme y dura contra el gobierno. Ante una UCD con
problemas, el PSOE se reforzaba. En mayo de 1980, además, Felipe González
presentó una moción de censura al gobierno, que no triunfó pero le dio
más popularidad. Con la crisis interna en su partido y el cuestionamiento de su
liderazgo, harto de toda esta situación Adolfo Suárez presentó su dimisión el 29
de enero de 1981. El rey designó a Leopoldo Calvo Sotelo como
candidato a la presidencia. La segunda ronda para su investidura como
presidente del gobierno quedó fijada para el día 23 de febrero.
1.2. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Otra vez el Ejército, como en otros momentos de nuestra
Historia, estaba dispuesto a intervenir en la vida política con la intención
clara de paralizar el proceso democrático y establecer un gobierno donde el
Ejército tuviera un papel relevante.
En el Ejército había sectores contrarios al proceso
democrático y los ánimos estaban muy caldeados ante la escalada terrorista de
ETA, la aprobación de los estatutos de autonomía y la reforma de Ejército.
Había, en definitiva, militares dispuestos a protagonizar un golpe de Estado.
El momento elegido no pudo ser mejor: poco después de las seis de la tarde del
23 de febrero de 1981, mientras se estaba realizando en el Congreso de los
Diputados la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor de
Suárez en la presidencia del gobierno, guardias civiles armados al mando del
teniente coronel Antonio Tejero se apoderaban del Congreso de los
Diputados y del gobierno. A continuación anunciaron que una autoridad “militar,
por supuesto”, acudiría a la Cámara para hacerse cargo de la situación.
Paralelamente, el capitán general de la región militar de Valencia, el general Milans
del Bosch, declaró el Estado de guerra y sacó los tanques a la calle.
También, la División Acorazada Brunete (Madrid) ocupaba las estaciones
de radio y televisión de la capital.
El golpe militar fracasó. El rey Juan Carlos, como jefe de
las Fuerzas Armadas, actuó con decisión para aplastar el golpe. Con la ayuda de
los miembros del Estado Mayor de los ejércitos se contactó con todas las
regiones militares para que se mantuviera la disciplina militar y la defensa de
la legalidad. A la 1.15 de la madrugada del día 24, el rey Juan Carlos anunció
en televisión que el golpe había fracasado.
Millones de personas salieron a las calles en favor de la
libertad en las gigantescas manifestaciones que, contra el golpe, se celebraron
en las ciudades españolas en los últimos días del mes de febrero.
1.3. El gobierno de Calvo Sotelo.
Dos días después del golpe, Calvo Sotelo era nombrado
presidente de un gobierno que duraría año y medio y que estaría presidido por
las disensiones internas en el seno de la UCD; sin embargo, el intento de golpe
de Estado contribuyó a rebajar la tensión política.
En junio de 1981 se aprobaba la ley del divorcio, con
los votos también de la izquierda. En julio de 1982 el gobierno y el PSOE
acordaron unos “pactos autonómicos” para racionalizar el proceso autonómico
aprobando, con ese fin, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso
Autonómico (LOAPA). Al respecto no puede olvidarse que durante esta
etapa de gobierno tuvo lugar la aprobación de muchos de los Estatutos de
autonomía (menos Extremadura, Baleares, Castilla y León y Madrid que se
aprobarían en 1983).
El
gobierno de Calvo Sotelo tomó otra medida de gran importancia en política
exterior: la entrada de España en la OTAN, que se hizo efectiva en mayo
de 1982 y a la que se opuso la izquierda, incluido el PSOE.
Mientras, el grupo parlamentario de la UCD se fragmentaba.
Entre 1981 y1982 abandonan la UCD los socialdemócratas, un sector democristiano
y el mismo Adolfo Suárez, que creó su propio partido: Centro Democrático y
Social (CDS). En la izquierda, en concreto en el PCE, también había problemas.
La dirección del PCE tenía enfrentamientos con el PSUC, partido comunista
catalán, y el PC de Euskadi. En contraste, el PSOE ofrecía una imagen de unidad
en torno a su líder, Felipe González.
En este contexto, Calvo Sotelo, que estaba viendo cómo se
rompía su partido, no tenía más remedio que convocar elecciones anticipadas,
celebradas el 28 de octubre de 1982, que supusieron un formidable triunfo del
PSOE con 10 millones de votos, casi el doble que en 1979, y 202 escaños, 80 más
que en 1979. Se ponía fin a la etapa centrista y se inauguraba otra de
gobiernos socialistas que estarán en el poder hasta 1996.
IV.
LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS DE
1982 A 2011.
1.
Los gobiernos progresistas o del PSOE (1982-1996).
Las elecciones del 28 de octubre de 1982, como se acaba de
apuntar, dieron el triunfo al PSOE, con el mensaje electoral del “cambio”
y a su líder Felipe González Márquez, con más de diez millones
de votos favorables y la mayoría absoluta en las Cortes. El primer problema que
tuvo que tratar el nuevo gobierno, y que no había sido abordado durante toda la
transición, era el de la grave situación económica que necesitaba
medidas urgentes y duras. Entre estas: la devaluación de la peseta,
subida de los tipos de interés, aumento de los impuestos… La medida más
espectacular fue el proceso de reconversión industrial que llevó al “cambio”
y a su líder Felipe González Márquez, con más de diez millones
de votos favorables y la mayoría absoluta en las Cortes. El primer problema que
tuvo que tratar el nuevo gobierno, y que no había sido abordado durante toda la
transición, era el de la grave situación económica que necesitaba
medidas urgentes y duras. Entre estas: la devaluación de la
peseta,
subida de los tipos de interés, aumento de los impuestos… La medida más
espectacular fue el proceso de reconversión industrial que llevó al
cierre de muchas empresas siderometalúrgicas que no eran retables.
El
objetivo era sanear la economía, tras dos años de ajustes se inició
nuevamente el crecimiento económico que sería espectacular en la segunda
midad de los ochenta.
Podemos calificar estos años como los años de las reformas en todos los campos de la administración.
Pero la reforma más polémica de esta etapa fue la despenalización del
aborto que fue duramente contestada por la derecha más reaccionaria y
por la Iglesia católica.
En cuanto a la política exterior el éxito más notable de
esta etapa fue la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea,
que era como se llamaba entonces la Unión Europea, el 1 de enero de
1986. Sin embargo, el PESOE dio un viraje político en el asunto de la
permanencia o no en la OTAN, uno de los ejes de su campaña electoral. Felipe
González pasó del NO a la OTAN a apoyar la permanencia en este organismo.
Convocó u referéndum y salió el sí (los medios de comunicación oficiales se
volcaron con el sí y el presidente amenazó con dimitir si salía el no).
El Partido Socialista repitió mayoría absoluta en
las elecciones de 1986. Alianza Popular repitió resultados y Fraga renunció
como líder del partido, una larga crisis que acabó en 1989 con la elección de José
María Aznar como presidente de la formación.
Pero el hecho más trascendente del periodo es el espectacular
crecimiento económico motivado por las medidas llevadas a cabo en la
anterior legislatura y la etapa de prosperidad a nivel internacional y que
llegaría hasta 1992.
El PSOE volvió a ganar por tercera vez las elecciones con mayoría absoluta pero esta vez con un descenso
significativo del número de votantes. Lo más destacado de esta etapa son los
acontecimientos de 1992. España organizó dos grandes eventos a nivel
internacional: la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de
Barcelona. Para ambos acontecimientos se realizaron enormes inversiones
económicas: AVE Madrid-Sevilla, reordenación de las dos ciudades… Especial
importancia tuvo la inversión educativa dirigida a la nueva construcción de
centros escolares debido a la nueva reforma educativa (LOGSE) aprobada en 1991.
Pero a partir de 1993 se inició una crisis económica a nivel
internacional que afectó profundamente a España, los buenos tiempos habían
terminado.
En la lucha contra el terrorismo España se vio beneficiada
por la colaboración francesa y por la unión de casi todas las fuerzas
políticas. Sin embargó, estalló el escándalo de los GAL, un grupo armado
antietarra integrado por policías mercenarios. También a finales de esta
legislatura empezaron a aparecer los primeros casos de corrupción que afectarían
al partido en el gobierno.
En 1993 se inicia la cuarta y última legislatura socialista, las elecciones le volvieron a dar la mayoría al PSOE, pero
no tenían la mayoría absoluta y tuvieron que pactar con Convergencia y Unió. Si
algo designa esta última etapa son los abundantes casos de corrupción que a la
larga acabaron con el gobierno. Ante este clima irrespirable se adelantaron las
alecciones a mayo de 1996 y en ellas ganó el PP de José María Aznar.
2.
Los gobiernos conservadores o del Partido Popular (1996-2004).
Las elecciones del 3 de mayo de 1996 dieron una
ajustada victoria a los conservadores del PP. José María Aznar López fue
nombrado presidente del gobierno, pero para gobernar necesitó el apoyo parlamentario
de los catalanistas de CiU y de los regionalistas canarios.
Por otra parte, el gobierno del PP aplicó un amplio programa
de privatización de las grandes empresas de titularidad pública, entre
las cuales estaba la petrolera Repsol y la compañía de telecomunicaciones
Telefónica, muy en consonancia con la política de otros países occidentales y
una exigencia para caminar hacia la moneda única.
Por otro lado, la aproximación del PNV a Herri Batasuna,
brazo político de ETA, tras el asesinato de Miguel Blanco, concejal popular de
la localidad vizcaína de Ermua secuestrado por la banda terrorista (13 de julio
de 1997), ocasionó la ruptura entre el gobierno de José María Aznar y el PNV.
También el gobierno llevó a cabo un proceso de
profesionalización de las Fuerzas Armadas, con una importante reducción de
efectivos, esto conllevó la supresión por primera vez del servicio militar
obligatorio.
Uno de los problemas más graves de estos años fue la llegada
de un gran número de inmigrantes, en gran parte procedentes del norte de
África.
El 12 de marzo de 2000 se celebraron nuevas
elecciones generales, que dieron una abrumadora victoria al PP, obteniendo la
mayoría absoluta. El nuevo gobierno Aznar aprobó, con un amplio apoyo, la nueva
financiación autonómica. Sin embargo, fueron muy discutidos la Ley de
Extranjería, el Plan Hidrológico Nacional, la Ley de Universidades, la Ley de
Calidad de la Enseñanza y el apoyo a EE.UU. en la guerra de Irak, apoyo este
último contestado en la calle por masivas manifestaciones y un 90% de oposición
según los sondeos.
Por su parte, el PSOE inició un proceso de reestructuración.
José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido nuevo líder del partido. El día 1 de
enero de 2002 se puso en circulación la nueva moneda común a casi todos los
países comunitarios: el euro.
El 11 de marzo se produce un brutal atentado terrorista en
cuatro trenes de la Comunidad de Madrid y cuya autoría estuvo a cargo de una célula
de terroristas yihadistas (Al Qaeda). Murieron 193 personas y 1858 resultaron
heridas.
Las elecciones del día 14 de marzo de 2004 dieron la
mayoría a José Luis Rodríguez Zapatero con 164 diputados frente a los
148 del PP. El día 17 de abril fue proclamado como presidente del gobierno, el
quinto de la democracia.
2.
Los gobiernos progresista o del PSOE (2004-2011).
Las primeras medidas del nuevo gobierno marcaban distancias
con la etapa anterior: retirada de las tropas españolas de Irak, derogación del
trasvase del Ebro…
Desde el punto de vista económico es una etapa de
crecimiento espectacular, un modelo económico basado en la construcción y en el
turismo, España crece a un ritmo más rápido que los países de nuestro entorno.
En lo social se ponen en marcha medidas de carácter progresista: la
regulación de 580.000 inmigrantes en 2006, la aprobación del matrimonio igualitario, una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarzo, Ley de memoria histórica, la aprobación de la Ley antitabaco o la Ley de dependencia, entre otras.
Las elecciones de 2008 revalidan el triunfo de J.L. Rodríguez Zapatero. Si la legislatura anterior había sido de crecimiento y un deterioro de la economía al final, a causa de la crisis fianaciera global, ésta estará omnipresente y condicionara todas las políticas del gobierno. El ejecutivo de Rodríguez Zapatero pondrá en marcha un amplio abanico de medidas para intentar enderezar la economía que generan malestar social: reforma laboral, recortes de todo tipo (12 de mayo de 2010)… pero nada puede evitar el colapso económico del sector financiero y el de la construcción (estallido de la "burbuja inmobiliaria" creada durante los gobiernos conservadores de J. M. Aznar), pilares en los que se asentaba el crecimiento de la etapa anterior. El paro alcanza la cifra récord de casi 5 millones de personas. En este clima, los conservadores del PP ganaran las elecciones autonómicas en gran parte de las comunidades en mayo de 2011, es sólo un anticipo de lo que pasará el día 20 de noviembre, en esa fecha se desarrollan elecciones generales anticipadas que dan la mayoría absoluta al Partido Popular, convirtiendo a su líder, Mariano Rajoy Brei, en Presidente del gobierno de la nación. Este periodo se ha caracterizarado por el rescate bancario y la solicitud de ayuda financiera a la Unión Europea e importantes recortes sociales (educación, sanidad, ayudas a la dependencia, etc.) y libertades (aprobación de la llamada "Ley mordaza").
Las elecciones de 2008 revalidan el triunfo de J.L. Rodríguez Zapatero. Si la legislatura anterior había sido de crecimiento y un deterioro de la economía al final, a causa de la crisis fianaciera global, ésta estará omnipresente y condicionara todas las políticas del gobierno. El ejecutivo de Rodríguez Zapatero pondrá en marcha un amplio abanico de medidas para intentar enderezar la economía que generan malestar social: reforma laboral, recortes de todo tipo (12 de mayo de 2010)… pero nada puede evitar el colapso económico del sector financiero y el de la construcción (estallido de la "burbuja inmobiliaria" creada durante los gobiernos conservadores de J. M. Aznar), pilares en los que se asentaba el crecimiento de la etapa anterior. El paro alcanza la cifra récord de casi 5 millones de personas. En este clima, los conservadores del PP ganaran las elecciones autonómicas en gran parte de las comunidades en mayo de 2011, es sólo un anticipo de lo que pasará el día 20 de noviembre, en esa fecha se desarrollan elecciones generales anticipadas que dan la mayoría absoluta al Partido Popular, convirtiendo a su líder, Mariano Rajoy Brei, en Presidente del gobierno de la nación. Este periodo se ha caracterizarado por el rescate bancario y la solicitud de ayuda financiera a la Unión Europea e importantes recortes sociales (educación, sanidad, ayudas a la dependencia, etc.) y libertades (aprobación de la llamada "Ley mordaza").
